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EL HIJO MAYOR, JUEZAS Y ANÉCDOTA

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El destino tradicionalmente reservado al hijo mayor, no siempre aceptado por los afectados, ha sido el de heredar las responsabilidades máximas en la empresa familiar. Jordi Pujol Ferrusola no podía suceder normalmente al padre en la actividad más notoria, que fue la presidencia de la Generalitat, pero parece que no se escapó del todo, porque tres de los hermanos y el mismo patriarca lo señalaron en declaraciones públicas como el último y más actual gestor de los ya tan famosos fondo de la supuesta herencia depositados en Andorra.


La titular del juzgado número 31 de Barcelona ha tomado este dato como prueba para nuevos cargos en contra del afectado, una especie de extensión de los ya antes investigados de evasión fiscal y blanqueo de dinero.

Desde el punto de vista de Andorra, estas acusaciones añadidas no tendrían ningún valor si no se consiguiera demostrar que en la administración del capital cometió otras irregularidades contempladas por un código penal como el del principado pirenaico, del que están excluidos la importación de divisas que no provengan de otras actividades delictivas, como el narcotráfico, el comercio de armas o la corrupción política.

Demostrar esta corrupción, en forma de tráfico de influencias, cohecho, o de otras actividades relacionadas, sigue siendo el gran reto de la justicia española, tanto de la Audiencia nacional como del citado juzgado barcelonés que llevan instrucciones separadas aunque parezcan sobre los mismos hechos. Sin esta constatación, y por los acuerdos internacionales, los datos demandados en comisión rogatoria a los tribunales andorranos decaerían, quedarían sin validez.

Ya se supo que la jueza de primera instancia), María Ángeles Moreno, accedió inicialmente a atender la petición española, pero que contra su resolución cabía, y se iba a presentar, un recurso por parte de la defensa de los Pujol, el ex decano del colegio de abogados del país, Jean-Michel Rascagneres.

Al recurso ya presentado y reproducido por el Diario de Andorra, en parte con copia escaneada, el letrado afirma que la juez se ha extralimitado en sus funciones, con el argumento principal que no sería admisible la demanda de información española sin constancia de que hay indicios suficientes de algunos de los delitos penados en los valles andorranos.

No es la primera vez que estos dos protagonistas se enfrentan en un asunto relevante. Moreno autorizó el control de las llamadas entrantes y salientes de los teléfonos móviles de dos periodistas, Ricard Poy y Toni Solanelles, hoy director y subdirector del rotativo andorrano, que demandaron a los responsables del espionaje en el servicio de policía y en la misma jueza .

El abogado del primero era Rascagneres. Y los dos profesionales vieron reconocido, en los ámbitos judiciales, que se había vulnerado su derecho constitucional al secreto de las comunicaciones. Solanelles ya solo, llegó al Tribunal de Estrasburgo, que le reiteró la vulneración de sus derechos, sin fijar una indemnización concreta, que nunca recibió, por los perjuicios sobre su imagen y, potencialmente, sobre la confianza de sus fuentes de información.

A la jueza le abrió un expediente el Consejo Superior de la Justicia al parecer, con menos dudas, una extralimitación de funciones, pero el caso se archivó sin ninguna consecuencia.

Recordaremos, con respecto al caso, que el recurso -en este caso al Tribunal de Cortes- contra la entrega de los datos de la Colina, es en segunda y definitiva instancia según el sistema judicial del país donde se ha presentado, y que la sentencia será firme ... a menos que el TC encontrara algún motivo de irregularidad de procedimiento y estimara que había que aplicar un amparo a los derechos que se pudieran haber vulnerado al afectado o afectado.

Y mientras tanto, saltaba a unos medios españoles una noticia tangencial, más bien una anécdota y es que un alto cargo de Andbanc -la entidad donde inicialmente se había depositado el capital de la supuesta herencia del ex presidente, traída de Suiza - fue detenido por la policía y pasó una noche en el calabozo de Andorra la Vella, para quedar libre la mañana siguiente. El motivo: la ex mujer le había denunciado por haberla agredido. Aunque nada tiene que ver la acusación de violencia de género con el resto, algunos de los medios españoles se ve que no podían dejar de recordar y elucubrar sobre el mismo banco, y el otro del mismo país, que ha sido también reiteradamente objeto de las informaciones sobre los Pujol. 

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